Coflictos Socioambientales y Gobiernos Locales

La Defensoría del Pueblo, en su acostumbrado monitoreo mensual de conflictos concluye que en el mes de setiembre del 2009, de 288 conflictos sociales que se presentaron, 132 corresponden al tipo socioambiental, liderando con más de 40% de forma permanente en lo que va de este periodo gubernamental.

Estos conflictos generados relacionadas al medioambiente y a las explotaciones de los recursos naturales se manifiestan principalmente por la relación asimétrica entre las empresas, Estado y poblaciones locales, especialmente debido a la frágil presencia del Estado que no logra garantizar los objetivos que la Constitución Política del Perú que le asigna como la protección, acceso e igualdad de derechos a la justicia, respeto a las culturas y nacionalidades, como elementos claves para una convivencia en paz y el desarrollo.

La presencia del Gobierno Nacional es altamente centralizado o actúan a través de los sectores del ejecutivo–“central”- implementando mayormente políticas sociales de tipo asistencialista, especialmente en los espacios rurales la calidad de los servicios son relativamente escaso o de muy baja calidad.

Las demandas de las poblaciones se originan de las siguientes constataciones y percepciones que los pobladores sostienen:

1. Reducción de caudales de recursos hídricos: Gran parte de la explotaciones mineras se encuentran ubicadas en cabeceras de cuenca o zonas altas de los territorios que son por naturaleza espacios de almacenamiento y recarga de aguas provenientes de lluvias estacionales que luego discurren superficialmente o en forma subterránea a las partes bajas de los territorios para ser usados en múltiples necesidades poblacionales y económico-productivas.

Al instalarse estas explotaciones mineras, alteran el ciclo natural del agua, debido a las diversas acciones implementadas como movimiento de tierras, transferencia de corrientes de agua de un lado a otro, distorsión de corrientes subterráneas de agua por explosiones o por el movimiento de tierras, que afectan especialmente las corrientes de agua superficiales que son usados por poblaciones circundantes generalmente pobres para consumo poblaciones y uso productivo agropecuario.

Otro elemento relacionado a recursos hídricos es la escasa (calidad y insuficiente) información manejada por la población, debido a los altos costos para producirlo y la información existente es de manejo unilateral de las empresas por lo exclusivo y complejo de esta información.

En las cuencas o territorios cuya agenda está relacionada a los recursos hídricos, la población percibe o comprueba que los caudales superficiales y subterráneos se han reducido drásticamente, por efectos de la instalación de explotaciones mineras o por efectos de cambio climático, que tiene como efectos directos en el abastecimiento de para uso poblacional o productivo

2. Contaminación de aguas y el ambiente: El Perú ha tenido mala experiencia de contaminación por las explotaciones mineras que han dejado pasivos ambientales y hasta la actualidad todavía no se han logrado garantizar el 100% de efectividad en sus procesos de control de relaves y otros contaminantes que se vierten a quebradas y ríos, corrientes de agua, biodiversidad, la producción agropecuaria y las poblaciones afectadas se han empobrecido en el tiempo lo cual genera rechazo y por consiguiente la conflictividad.

La contaminación de corrientes de agua, manantiales y reservorios naturales; son las más extendidas como experiencias negativas en el Perú; afectan directamente degradando los suelos para producción agropecuaria, contaminan los recursos hídricos de consumo poblacional que son usados para la actividad agropecuaria y poblacional.

A esta percepción y constatación, se añaden las dificultades que tienen las poblaciones para comprobar científicamente mediante estudios “serios”, la contaminación de sus corrientes o manantiales y las que realiza el Estado generalmente a nivel de Ministerio de Energía y Minas o las mismas Empresas Extractivas carecen generalmente de confianza debido al alto grado de dificultad técnica para ser manejado por la sociedad

3. Desarrollo Económico Local: Las aspiraciones de las poblaciones cercanas a las explotaciones de recursos naturales es con certeza; salir de la pobreza, crecer y desarrollarse económicamente. Sin embargo, por la situación de alta carencia, pobreza extrema y escaso desarrollo de la población en la que parten las inversiones a explotar estos recursos; las estrategias son diseñados para solucionar carencias o problemas obvios de la población, convirtiendo éstas en programas sociales con alto contenido asistencialista y clientelar que genera dependencia hacia el Estado o a la empresa.

Estos programas se caracterizan por trabajar directamente con poblaciones a través de operadores externos con cierto grado de experiencia, sin embargo, por la corta duración y las coyunturas cambiantes de las demandas de la población hacen que estos programas asistenciales (alimentarios, apoyos con reproductores, semillas, pequeña infraestructura, etc), tengan relativo éxito o en muchos casos generen dependencia ya que para la empresa, para el Estado y para las familias no es decoroso mostrar que los indicadores de pobreza no han cambiado

La población es conciente de esta relación utilitaria con las empresas o el Estado, ya que se benefician oportunista y coyunturalmente y por otra parte las empresas y el Estado evitar generar conflictos (apaga incendios). Esta situación no sucedería, si el Estado y las empresas realizan esfuerzos que cubran por lo menos escenarios de corto plazo implementando programas asistenciales (alimentarios, salud, nutrición, servicios e infraestructura básica, generación de empleo temporal; así como acciones y estrategias de largo plazo que permitan incrementar activos tangibles (infraestructura, tecnología), e intangibles (conocimientos, organizaciones, articulación privada, modernización del Estado, normas) que permitan a las poblaciones acumular activos y generar empleo e ingresos permanentes.

4. Derecho a la consulta: En los últimos años se han realizado actos democráticos de consulta ciudadana promovido por Gobiernos Locales, ONG, Organizaciones de pobladores locales para definir la instalación de industrias extractivas o para respetar los patrones productivos o el respeto a un modo de vida acumulada durante muchos años o en todo caso actividades económicas articuladas al mercado

Las consultas ciudadanas más resaltantes de los últimos años se han realizado en municipalidades de la provincia de Ayabaca, Carmen de la Frontera, en Piura, Cocachacra en Arequipa, o pedido de lo mismo en otros municipios que no culmino en una consulta como en estos casos.

Estas consultas no son vinculantes dentro de la normatividad y las decisiones del nivel de Gobierno Regional y Nacional, por lo que terminan siendo solamente de carácter local/comunal, sin que esto signifique que el Gobierno Nacional decida no realizar o encaminar las inversiones en la extracción de los recursos naturales.

Este tema se convierte en agenda conflictiva debido a que no se reconoce este derecho en el nivel de las decisiones regionales y Nacional para que las poblaciones participen no solamente como receptoras de las inversiones en sus territorios, si no de tomar una decisión en la forma de vida que desean construir.

Como consecuencia de los descontentos de las poblaciones locales, en el caso de la región Cajamarca continúa presentando el porcentaje más alto de enfrentamientos de este tipo. Las empresas mineras involucradas son Yanacocha, Consolidada, Miski Mayo, Activos Mineros y Colquirrumi, así como Algamarca, Gold Fields y La Zanja; o hace poco, los conflictos de Bagua muestran claramente, lo que la las poblaciones requieren de participación en las decisiones durante toda la etapa de implementación de las explotaciones mineras, petroleras, entre otras actividades económicas.